De la trinchera al campo de batalla: La construcción de un Estado en armas durante la formación de la República de Colombia durante 1863 a 1886

Resumen

Desde el inicio de la Constitución de Rionegro, el sistema político en Colombia tuvo cambios que afectaron el desarrollo del país en su campo político, económico, educativo y social. Estas variaciones fueron acompañadas de constantes guerras civiles, las cuales llevaron a que los Radicales cada vez tuvieran mayores tropiezos. Algunos altercados, llevados por los Conservadores, los Clérigos y demás participes del desorden nacional, ocasionaron la intensificación de la violencia en el territorio. En consecuencia, durante las confrontaciones, la masa se empezó a distinguir los roles de perseguidores y perseguidos.

El manejo de la guerra por parte del Partido Liberal llevó a que su estructura interna se dividiese. Esto dio oportunidades a sus opositores para que su maquinaria política desaparecerá en cada nueva disputa entre miembros del mismo partido. Pero las guerras no fueron los únicos motores de desarrollo del país. La educación empezó a jugar un papel preponderante en el proyecto de Estado. Las reformas y la nueva estructuración de la educación ocasionaron en varios casos agravantes en las guerras civiles, como calma y desasosiego.

Para algunos, el período entre 1863-1895 es una de las etapas más enigmáticas de la historia de Colombia, debido al fortalecimiento de las estructuras políticas del país y el continuo estado de evolución pre maduro que puede tener una democracia. Este artículo busca dar un reconteo de la segunda mitad del siglo XIX, haciendo hincapié en los problemas sociales, políticos y educativos de la actual República de Colombia. 

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La guerra civil de 1876. El inicio del conflicto

La reforma escolar de 1870, asumida por el gobierno de Salgar, abanderó un modelo político por parte del liberalismo Radical, que se caracterizó por abarcar todos los niveles educativos: primaria, secundaria y nivel universitario. Esto hizo del sistema educativo un instrumento popularizador, debido a su gratuidad y  búsqueda del ideal de ciudadano. Al asumir la presidencia Manuel Murillo Toro, en 1872, como jefe de la Unión. Este supo que la principal preocupación que le debía competer era la educación. Con base a esto, el expresidente Felipe Pérez del Estado Soberano de Boyacá tras felicitarlo por el inici de su nuevo mandato, le indicó [sic]:

Señor presidente el voto de los pueblos os ha elevado por segunda vez al primer puesto de la república; i se hace notar que sois vos el primer hombre civil que ha merecido tal distinción en Colombia. Es mi deber hablaros de la patria i paso a hacerlo. Colombia, como todo pueblo nuevo es un pueblo en formación, i como tal tiene necesidades especiales, que me permitiré llamar de época. En 1823 su cardinal necesidad fue emanciparse de la madre patria, en 1825 mantener unida i fuerte la nación, magnifica, imajinada por Zea i Bolívar… i en 1863 resolver de cuajo el problema federal, llevando la autonomía de los Estados hasta la soberanía, i haciendo del gobierno jeneral un delegado i no un amo en el país. Ahora bien, la necesidad en 1872 no es menos jigantesca ni menos importante: tratase por una parte de fijar en la práctica el sentido jenuino de nuestras instituciones i por otra de empujar al país con brío por la bella i ancha vía del progreso material. Nos hemos unido con Platón en ideas políticas i con Jesucristo en sentimientos relijiosos: unámonos ahora con fulton i Morse. Uno i otro han suprimido la distancia i han hecho del mundo un solo lugar. Ferrocarriles, telégrafos, Escuelas, son las necesidades del siglo XIX, i el que no sirve esa necesidad no está en la corriente universal. Sin escuelas no hai ilustración, sin caminos no hai riquezas; i en verdad os digo, señor, que sin ilustración i sin riqueza no hai país.

(Gaceta de Bolivar, Cartagena, abril 21 de 1872)

Se debe indicar que la preocupación liberal por crear una república fuerte estuvo detrás de no perder el control de la Unión y de la mayoría de los Estados soberanos. Los Radicales, en búsqueda del cumplimiento de sus objetivos, no dudaron en mover su maquinaria electoral en todo el territorio colombiano. Este método lo implementaron desde 1862, antes del inicio de la Constitución de Rionegro.

Además, el seudónimo de Sapismo se usó para referirse al fraude electoral. Esto salió a relucir en los periódicos de la época, quienes denunciaron el atropello político a través de la caricatura, dando inició a una nueva oleada de crítica hacía el radicalismo. Es claro que se encontraba permitida por la norma constitucional que dictaba en el artículo 15 parágrafo 7, “la libertad de espresar sus pensamientos de palabra o por escrito sin limitación alguna” (Constitución, 1863, p.8).

Esta llevó a que el gobierno de la Unión tuviese que ser pasivo y tolerante contra los continuos ataques que recibía de sus detractores que ahora venían desde periódicos de la época, como: el Mochuelo, el Amolador, los Matachines Ilustrados, entre otros, que buscaban denunciar y burlarse del gobierno radical o del que estuviera en el momento. De esta manera se transformó a la caricatura en un arma política que con el tiempo se volvió más frecuente y directa, como se venía evidenciando en el Neogranadino desde 1851 [sic]:

Conocedlos por sus obras. Conviene que sepan nuestros lectores de todos los partidos, que los Editores del maligno e infamante Día, fueron los que, con los de la sociedad Filotémica, firmaron una representación al Ciudadano Presidente de la República solicitando la conmutación de muerte impuesta a G. Vega; a cuya petición le fue dirijida por los miembros de la Escuela Republicana i por otros granadinos filantrópicos, accedió el presidente no obstante que el tribunal no le propuso la conmutación. Pues bien, a renglón seguido, en vez de una lijera expresión de gracias, se estampó en “El Día” la caricatura consabida i el supuesto mensaje a las cámaras legislativas. Esto prueba lo menguados que son los godos.     

(El Neogranadino, Bogotá, 14 de marzo de 1851)

El Sapismo redundaba en el país y se hizo con el tiempo más latente, debido al intento de volver al poder el mosquerismo. Para evitar tal infamia, el radicalismo movió su maquinaria para eludir que su peor enemigo estuviera de nuevo cerca del poder de la Nación. Así se logró evitar la vuelta al poder del mosquerismo. Pero se evidenció que cada dos años, cuando se llevaban a cabo las elecciones, una ola de agitación se hacía presente en el territorio colombiano, como lo dijo en 1873 un editorialista: “al solicitar la reforma se observaba: que como cada Estado celebraba su elección presidencial en tiempo diferente, el pueblo colombiano soportaba una constante agitación durante ocho o diez meses, cada año electoral” (Delpar, 1994, p. 215). Esto llevó a que unos años después se decretara que todas las elecciones se realizaran el mismo día.

Por otro lado, se reflejó que  la educación era el eje central del Radicalismo en la década de los 80 y su ideal de educación se encaminaba a la construcción de una subjetividad que reproducía un modelo social, y que mantenía el orden que pretendía un partido político. La educación entraba a formar parte de una práctica política que tomaría oportunamente el liberalismo Radical cuando:

Ezequiel Rojas en el Senado, en 1870, originó un proyecto de ley para la introducción de las obras de Jeremías Bentham y Destutt de Tracy como textos obligatorios para las cátedras de ciencias de la legislación y para la enseñanza de la filosofía elemental, donde se suscitaron fuertes polémicas, que polarizaron la opinión una vez convertida esta enseñanza en ley de la República.

(Morales, 2014, p. 48)

Sin embargo, el partido conservador se antepuso a esta práctica educativa, originando una disputa por imponer un modelo cultural. La lucha de estos ideales se puede identificar en:

La nueva orientación del Estado [donde] ponía en peligro, a mi juicio, el monopolio interpretativo de la institución religiosa y sus aliados: los tradicionistas, fuente de la hegemonía de la institución religiosa, no sólo en el ámbito cultural, sino también en el político.

(Penagos, 2006, p. 183)

Es posible reconocer la deslegitimación del nuevo orden de la sociedad, es decir, el nuevo orden propuesto con la reforma escolar de 1870 por los opositores al liberalismo Radical. Las inaceptaciones giraron en torno de no solo cambiar el currículo educativo y alterar las nuevas cátedras, sino en recuperar el monopolio interpretativo del saber, pues se había traído una misión pedagógica alemana, cuya labor era la de formar los futuros profesores en las escuelas normales, eliminando la influencia política de la religión en la educación académica e imponiendo la pedagogía pestalozziana.

Esto fue posible gracias al decreto que dictaba que [sic]:

Los maestros dirijirán el espíritu de sus discípulos […] de manera que se formen una clara idea de la tendencia de las mencionadas virtudes para preservar i perfeccionar la organizacion republicana del Gobierno, i asegurar los beneficios de la libertad.

(Morales, 2014, p. 51)

No obstante, se obstruyó el acceso a la interpretación de otra forma de ver realidad para así conservar la hegemonía cultural. Esto llevó a que “una identidad arraigada entrara en conflicto con una identidad en proceso de construcción. Unos patrones culturales ya internalizados, entrara en conflicto con otros patrones que estaban teniendo la oportunidad de universalizarse por medio del aparato educativo” (Penagos, 2006, p. 184).

El rechazo conservador no permitió la construcción subjetiva que quería arraigar el Estado en manos del liberalismo Radical. La deconstrucción de la cultura tradicional no fue un proceso fácil de llevar a cabo por el radicalismo, ya que el choque cultural de su modelo liberal no estaba fundamentado en la cosmovisión católica que obedecía al modelo cultural que sostenía la historia latinoamericana. Historia que, hasta 1870, no había enfrentado rupturas y mantenía una tradición homogénea en términos históricos. Por esta razón, se sigue la regla latina de que “la conciencia religiosa es la que permite derivar el principio de acatamiento a las normas” (Penagos, 2006, p. 187).

No obstante, la modernidad en Colombia distó de ser un proceso ideológico y poco cercano en la práctica, y completamente adaptativo de experiencias ajenas a las suyas, como las revoluciones a las cuales su carácter era lejano, pues “sin acabar de constituir la nación, nos consideramos modernos con referencia al conjunto de estructuras, instituciones, concepciones, visiones y sentimientos occidentales” (Palacio, 1999, p. 29). El proceso evolutivo por parte del liberalismo llevó a que su conflicto con el partido conservador y toda el ala tradicionalista tuviera choques más severos, pues el Estado central buscara generar cambios progresivos en la sociedad sin la intervención directa de ésta; es decir, su proyecto se guio hacia la modernización, dejando en segundo plano el hecho del atraso social, cultural, económico y político que debería tener una sociedad para poder llegar a la modernidad sin la intervención directa del Estado.

Por otra parte las elites aprovecharon el sentimiento mestizo para “formar una nación moderna, entendida como nación occidental, culturalmente blanca” (Palacio, 1999, p. 31), pues sus interes a pesar del atraso y  la invisibilidad que Colombia representaba en el mercado mundial, adopto por características ajenas a su ubicación territorial, la cual fue visible con la llegada de los diferentes maestros europeos. Además, la búsqueda de tecnificación de la sociedad representaba los intereses de la elite letrada que buscaba la producción de obreros especializados alejados del campo social y político. Para así seguir cultivando la tradición política que seguiría  con su capital cultural tradicional.

Los fines perseguidos por el liberalismo fueron tomados por los dueños de la moral católica como un desafío. Llevando a éstos  a realizar enunciados públicos, como el del Obispo Bermudez, en 1875,  que indicaba:

 Si los maestros de la escuelas públicas secularizadas omiten la enseñanza del catecismo y las prácticas religiosas (…) es el primer paso a la apostasía, es una razón más que suficiente para que el pueblo no llegue a confiarles sus hijos; de otro modo, en vez de niños dóciles y obedientes, no tendrán sino hijos rebeldes, enemigos de la Iglesia, espanto de la sociedad.

(Rausch, 1993, p. 127).

Se debe reconocer que aunque la secularización Radical funciono a través de la imposición de su modelo cultural como un modelo cerrado de unos portadores del saber, se debe mostrar de acuerdo que

 Esa concepción de cultura sirvió de soporte para la conformación de un movimiento social transformador de los modelos de historicidad imperantes, en momentos y lugares determinados, que dieron como resultado la formación de los Estados nacionales contemporáneos (como el Estado-nación colombiano). (Penagos, 2006, p. 189).

Con esto se debe demarcar que el Radicalismo liberal intentó cambiar el modelo de cultural e histórico-hegemónico a través de la educación y consigo de la mentalidad, basándose en la premisa de que “el Estado no puede ser indiferente ante la ignorancia del pueblo y debe ilustrarlo para defenderlo de la explotación a que lo somete el oscurantismo” (Morales, 2014, p. 49). Abogando por la libertad de enseñanza que empezó a volverse un concepto utilizado para sostener el ideal liberal y cualquier tipo de actividad sobre la educación.

Los objetivos de la reproducción del ideal liberal era que la Nación ingresara a la modernidad; esta entendida como opositora al moralismo, al vacío conceptual, teórico de las ciencias  y la reproducción de un saber único. Esto significó para el catolicismo:

Una expresión de ateísmo, de libertinaje y de pecado, la deslegitimación de la moral católica y de la autoridad sacerdotal (…) y como una autoridad intrusa, inspirada por el fanatismo, corruptora de las costumbres, impostora, que le declara la guerra a los predicadores de la verdad”.

(Penagos, 2006, p. 190)

Esta contraposición originó el choque entre dos dogmas que se venía aplazando desde 1863 con el ascenso al poder del liberalismo Radical. Las reprimendas del partido conservador siempre en defensa y apoyo de la moral católica inclinaban sus apreciaciones de forma directa y en sostén del modelo colonial heredado de la corona española, pronunciado:

Dígase lo que se quiera, la colonia nos legó pueblos constituidos sobre firmísimas bases y bien organizados en lo moral, lo social y lo civil, aunque (…) adoleciera de (…) un atraso en las ciencias y en las artes; la industria y el comercio (…) España nos dejó buenas costumbres, admirablemente constituida la familia, hábitos arraigados de respeto a la autoridad (…) un clero virtuoso, creencias morales y uniformes.

(Oviedo, 2003, p. 2008)

No obstante, la transformación del medio cultural dominante se podía llevar a cabo de dos maneras, ya sea “cimentarlas y arraigarlas en el imaginario cultural por medio resocialización total de la población, o imponerlas por la fuerza, por medio represión desde regímenes autoritarios” (Penagos, 2006, p. 192). Esta aceptación al modelo clerical no fue llevada a cabo por los radicales, sino que se pretendió a través de la fuerza casi dictatorial.

El hecho anteriormente descrito, llevó a que el proyecto iniciado desde la reforma de 1870 se encontrara derrotado por un nuevo contraproyecto que empezó a aparecer con Rafael Núñez: la Regeneración que buscaba “la necesidad urgente de retornar al cauce original de la cultura para fundamentar desde allí el orden normativo, y acompasar las transformaciones materiales o modernizantes con una mentalidad tradicionista que garantizara el mantenimiento del orden social” (Penagos, 2006, p. 192).

Por otra parte, la modernidad que desea el olimpo Radical, de la que se habla en este capítulo, debe entenderse como una imposición simbólica importada por las élites de la segunda mitad del siglo XIX. Esta modernidad se debe abarcar de forma contextual, ya que los hechos pueden llevar al desarrollo de la violencia y la forma de controlarla que  “genera problemas graves de integración normativa y éstos debilitan o vuelven imposibles los regímenes democráticos. Justamente por eso, en estas sociedades se recurre con relativa frecuencia a regímenes de excepción, autoritarios, para asegurar su gobierno aunque no su integración”. (Penagos, 2006, p. 193).  

La inestabilidad política  llegó a su cúspide cuando en las elecciones de 1875, se encendieron las pasiones políticas por los candidatos de los partidos, como: Aquileo Parra (Radical), Bartolomé Calvo (Conservador) y Rafael Núñez (Liberal del sector nacional). El desequilibrio se manifestó cuando ningún candidato logró la mayoría de votos, (cinco votos de nueve Estados), llevando a que el Congreso tuviera que nombrar el presidente en unas elecciones donde la mayoría de los participantes eran Radicales. Los resultados generaron descontento entre los Liberales del sector nacional y el partido Conservador.  Rafael Núñez conto 18 votos mientras Aquileo Parra obtuvo 48, siendo elegido éste último Presidente de los Estados Unidos de Colombia, el 21 de febrero de 1876.

Frente al resentimiento desenfrenado del Clero por la pérdida de la posibilidad de un cambio social y del restablecimiento de sus pretensiones clericales de volver a ser la guiadora del Estado Colombiano; el partido Conservador, desplaza la imagen del sujeto político del siglo XIX para mostrarlo como un ser necesitado de la orientación espiritual de la iglesia.    

Adicionalmente se crearon escuelas alternas, para darle contrapeso a las escuelas públicas e incluso se amenazó de excomulgar a quien no enviase a sus hijos a las nacientes escuelas católicas, frente a esto se establecía: “No importa que el país se convierta en ruinas y escombros, con tal que se levante sobre ellas triunfante la bandera de la religión”. (Rausch, 1993, p. 117).

La variación del discurso con el tiempo muto hasta volverse en hechos beligerantes al destruir algunas instalaciones de las escuelas públicas, quemar los textos de educativos de la misión alemana y “perseguir,  acosar a maestros y administradores, de forma tal que la confrontación armada fue una consecuencia natural de la fuerte diatriba religiosa, que adquirió con el paso del tiempo la fisonomía de una cruzada religiosa” (Rausch, 1993, p. 117). La respuesta del gobierno de Parra, no dudo en aparecer dando inició a la conocida y simbólica  “Guerra de las Escuelas” en 1876.

El inicio del fin del liberalismo radical

La confrontación de 1876 fue el detonante que llevó a la guerra a sujetos políticos que nunca antes habían afrontado estos roles. La escuela, un escenario importante de la confrontación, dividió la guerra en dos bandos: conservadores, liberales independientes y el clero contra radicales liberales. En el Estado del Cauca se originó la guerra que terminaría abarcando los Estados de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Santander en los meses siguientes.

Tabla 1. Principales batallas

Nombre	Año	Lugar	#Liberales	#Conservadores	#Muertos
Chancos	1876	Cauca	25.000	20.000	1.070
Garrapata	1876	Tolima	6.000	6.000	1.509
Mutiscua	1876	Santander	1.600	1.000	24
Donjuana	1877	Santander	4.900	4.000	750
Tequia	1877	Santander	Desconocido	Desconocido	32
Cucuta	1877	Santander	Desconocido	Desconocido	6

La improvisación de los ejércitos rebeldes, donde los hacendados conservadores ejercían el mando, llevó a que la guerra que se sostenía tuviese mayor ventaja para el ejército radical, ya que la actividad de guerra de guerrillas utilizada como estrategia por los mandos conservadores, resulto imposible de realizar a cabalidad. Esto debido al desconocimiento militar de los hacendados y la falta de preparación militar de los trabajadores, los cuales no estaban instruidos para llevar una confrontación de tal envergadura.

No obstante, la evolución del conflicto en las zonas de control conservador generó un poder, que trato de imponerse sobre la coalición que pretendió el gobierno radical. Para el caso del Estado Soberano de Santander la malla de asentamientos manejada por los hacendados rebeldes, provenía de una inestabilidad en la organización del territorio Colombiano, donde no se tenía identificado a cabalidad las divisiones de sus provincias, esto causaba serios conflictos en las decisiones de intervenir el estado de Santander sin vulnerar su soberanía. Esta inestabilidad condujo a que la rebelión de algunos hacendados no estuviera vitalmente involucrada con la educación.

La población de Santander al igual que tres cuartas partes de los Estados Unidos de Colombia era rural, para la segunda mitad del siglo XIX. Los asentamientos sostenidos para practicar la guerra de guerrillas de parte del improvisado ejército conservador era en su mayoría de pequeños propietarios rurales ubicados en “Socorro (16.048 habitantes), Vélez (11.267), Bucaramanga (11.255), San Gil (10.038), Girón (9.954), Piedecuesta (9.015), Barichara (8.855) y Pamplona (8.261), conforme al Censo de 1870” (Sastoque R & Garcia , p. 201). Los cuales sufrían descontentos a causa del deterioro del sistema productivo de estas zonas, como de las medidas de impulso que acogieron las políticas radicales con el café. Por lo tanto:

En el campo político, el Estado Soberano de Santander fue el lugar de experimentación de las políticas radicales, pues allí se estableció el impuesto único y se limitó la intervención estatal, incluso en infraestructura (…) la estructura [de estas zonas] era ante todo minifundista y otros de pequeños agricultores que usualmente no poseían tierras, ya que eran arrendatarios o aparceros, que intentaban pagar las hipotecas. (Sastoque R & Garcia , 2010, p. 205)

Por otra parte, los inicios de la guerra centrada en el Cauca extendió la inquietud por todos los Estados. Aquileo Parra, presidente de la Unión, incrementó las fuerzas del ejército a 20.000 hombres; y Eustorgio Salgar, presidente del Estado de Santander, aumentó sus fuerzas a 10.000 hombres. Para retener a la guerrilla que ya venía incursionando en Cauca, Cundinamarca y Boyacá, se designó al hombre más fidedigno para hacerle frente a la incursión guerrillera que pronto llegaría a Santander, así:

Parra llamó al General Solón Wilches –lo mismo hizo Estrada– instándolo a prestar sus servicios a la Unión (…) El 17 de septiembre se nombró al General Wilches como Comandante en Jefe del Ejército del Norte y luego se dividió el ejército en dos divisiones (El Socorro, Vélez y Guanentá; y Soto, García Rovira, Pamplona y Cúcuta), junto con la columna de Ocaña. (Sastoque R & Garcia , 2010, p. 206).

Otros hombres a los cuales se les dio poder para acabar con los rebeldes fueron: en el sur al mando del General Julián Trujillo; en el occidente, Tolima y Antioquia el General Santos Acosta; en el Atlántico, Magdalena, Bolívar y Panamá el General Fernando Ponce y las reservas en Boyacá, Cundinamarca y Santander bajo el mando del General Joaquín Reyes. Los generales emprendieron con sus tropas listas para deshacerse de la amenaza de  liberales moderados, conservadores y clero. Sus aciertos fueron contundentes cuando eliminaron la amenaza rebelde del Estado del Tolima y consiguieron victorias más relevantes  en los Chancos y la Garrapata, el 31 de agosto y el 20 y 21 de noviembre respectivamente.

El aumento de la fuerza militar en el Estado soberano de Santander se debía a la sospecha de una célula insurreccional. Dichas sospechas del presidente Salgar no se haría esperar, ya que en noviembre el conservador de pamplona “Leonardo Canal estaba reclutando voluntarios y acopiando recursos para iniciar la sublevación contra el gobierno liberal, lo que finalmente sucedió en Mutiscua a finales de noviembre de 1876” (Sastoque R & Garcia , 2010, p. 207). Con el tiempo Canal  fue ampliando su estructura de acción con la inclusión de movimientos de otros pueblos, como: Pamplona y Soto.

Al enterarse Estrada y Wilches de la posición de este bastión guerrillero-conservador, emprendieron órdenes de emboscada en el municipio de Mutiscua e hirieron a Canal, el cual pidió un acuerdo de paz. Otros bastiones conservadores no apoyaron la decisión de Canal y lo acusaron de traidor, dándole la cárcel como premio por su mala decisión. Los bastiones rebeldes acordaron – el 30 de diciembre de 1876 – que los Estados de Boyacá, Cundinamarca y Santander se levantaran en armas y se declaraban independientes del resto del país.

El 26 de enero se libró la batalla de Donjuana, ubicado entre Cúcuta y Chinacota. La segunda batalla se libró en las cercanías de Mutiscua, el 14 de febrero, llevando la victoria el ejército radical. Los principales líderes rebeldes se entregaron y accedieron al indulto ofrecido por el gobierno y obtuvieron el salvoconducto con la condición de irse a Venezuela; estando en dicho país fueron mediadores entre José María Samper y el gobierno venezolano. No obstante, los indultados que continuaron en suelo patrio fueron detenidos.

El General Wilches al enterarse de los planes conservadores, que buscaban apoyo en Venezuela. Inicio el desplazamiento de sus tropas al norte del país. A los pocos días en la prensa liberal apareció:

El autoproclamado presidente conservador del Estado Soberano de Santander, José María Samper, intentando convencer al gobierno venezolano para que reconociera al gobierno provisional y al ejército de la Regeneración, y que los apoyara con dinero, armas y municiones a cambio de la sesión del territorio de San Faustino.

(Sastoque R & Garcia , 2010, p. 208)

La guerra continuaba en los Estados Unidos de Colombia, pero en el Estado de Santander el conflicto terminó con el convenio en Rio del Oro. La participación del territorio santandereano en la “guerra de las escuelas”, fue ocasionada por el intento de separación de la federación, una causa muy diferente a los demás Estados. Sin embargo, se debe indicar que la guerra en el territorio de la Unión llego a su fin después de la capitulación realizada en San Antonio por el presidente del Estado de Antioquia, Silverio Arango. Aunque la última contienda se libró contra una guerrilla que no se sometió al indulto dado por la capitulación; esta atacó al Cocuy, el 27 de abril, de donde fueron expulsados para finalmente acogerse a la amnistía general que ofreció el gobierno el 6 de julio de 1877.

El castigo al clero, en todo el territorio nacional, es una muestra representativa de la venganza que se efectuó contra los implicados en la guerra desde antes de haber terminado el conflicto. Mediante la ley 35 que era sobre la inspección civil en materia de cultos, el congreso decretó un mecanismo para controlar la participación del clero en la guerra civil. Este decreto se expidió en 19 de marzo de 1877, acogiendo la norma de no pagar la renta nominal a la iglesia por la desamortización de los bienes.

La persecución de los “curas rebeldes” no dudó en efectuarse por parte de la fuerza pública, con esto buscaban tomar represalias contra el clero por haber sido uno de los principales instigadores y promotores de la guerra, bajo el abrigo de motivos religiosos. No obstante, la participación de todo el clero no fue homogénea ya que algunos curas se adhirieron al bando “pacifista” el cual se encontraba encabezado por el arzobispo Vicente Arbeláez, quien abogaba por la reconciliación y la no intervención del clero en la política. Sin embargo, hubo otros que fueron beligerantes en su accionar y pensar, como: José Ignacio Montoya y Juaquín Guillermo Gonzalés, ambos del Estado de Antioquia y Manuel Canuto Restrepo y Carlos Bermúdez del Estado del Cauca.

Además, los curas rebeldes del Cauca y Antioquia sufrieron la persecución por ser considerados los principales promotores de la “rebelión que tan graves males ha causado y está causando a la república”, a causa de esto les fue prohibido ejercer su ministerio en el territorio nacional. Muchos curas se dieron a la huida por miedo al destierro o confinamiento en las cárceles.

No todos, los ahora reos del Estado, fueron acusados bajo los mismos parámetros decretados. Ese fue el caso de la primera semana  de 1878, quien:

Custodiado por la 2ª compañía del Batallón Santander al mando del capitán Alejandro Azuero, el obispo Ignacio Antonio Parra de la diócesis de Nueva Pamplona era llevado a la ciudad de Barranquilla, lugar en donde debía cumplir una pena de dos mil días de confinamiento. Algunos días antes de su partida, el presidente del Estado Soberano de Santander, el liberal-radical Marco Antonio Estrada, se había presentado ante el obispo Parra para comunicarle personalmente la sentencia que le privaba del derecho a ejercer sus funciones ministeriales y le imponía una multa de dos mil pesos, multa que de no ser saldada al término de ocho días debía ser reemplazada por la pena de confinamiento, a razón de un día por cada peso de multa.

(Jaramillo, 2013, p. 243)

Las acusaciones al obispo Ignacio Parra de la diócesis de Nueva Pamplona eran sobre un memorial que fue enviado en agosto de 1877 al presidente de la Unión, Aquileo Parra, donde se criticaban las medidas del gobierno contra la iglesia:

Alegaba su carácter inconstitucional y solicitaba su derogatoria. El gobierno consideró que aquellas protestas podían convertirse en una amenaza ante una paz que todavía era incierta y con miras a prevenir que pudieran alimentar nuevas reacciones dispuso el enjuiciamiento de sus autores y de quienes en adelante llevaran a cabo manifestaciones similares.

(Jaramillo, 2013, p. 246)

Las acusaciones contra la medida de aseguramiento del obispo fueron criticadas por la población civil, que no dudó en abogar por la liberación de este. A través de la prensa y de documentos jurídicos escribieron al entonces presidente Julián Trujillo, quien había asumido la presidencia de la Unión para el primero de abril de 1878. Se le solicitaba la derogación del cura acusado. El apoyo de la sociedad civil en el discurso liberal, vivificó el proceso doctrinario que logró implantar el discurso teológico-conservador, que redundaba en que el hombre y la sociedad necesitan de la moral cristiana-católica. Esto para no perder el sentido del orden en sus vidas.

Las firmantes de la carta eran mujeres que argumentaban a favor de revocar la acusación, haciendo referencia a la importante e imprescindible función del clero en la sociedad; y realizando denuncias sobre la amenaza que llegaría a la sociedad, el orden y la moral. Su discurso se anteponía y hostigaba a los ideales que lideraban los radicales, indicando:

C. Presidente, y hace ya ocho meses, todos los pueblos de esta Diócesis y nosotras con nuestras familias, católicas, apostólicas, romanas, como lo somos, en medio de una República que brinda en su constitución los derechos más amplios y las garantías más absolutas, y que pasa por uno de los países más libres de Sud-América y a un del mundo entero, nos hallamos sufriendo la más horrible y humillante tiranía religiosa que puede imaginarse, y experimentando moral y físicamente todos los tormentos y horribles escenas que puede sentir un pueblo cuya consciencia se halla en tortura y cuya fe religiosa se halla vilipendiada, ultrajada y en cadenada. (Jaramillo, 2013, p. 249).

 La respuesta favorable del presidente de la Unión, Julián Trujillo, favoreció a la iglesia; al ser parte de la disidencia independiente del partido liberal, no dudo en solicitar la derogación o modificación de las leyes que se dictaban sobre la inspección de cultos, las cuales habían servido para perseguir a los “curas rebeldes”. El congreso nacional de 1880 derogó la ley 35 y modificó normas, como, el destierro de los obispos perseguidos e indulto a los obispos expatriados.

La asunción a la presidencia de Trujillo originó la aparición del cambio que se profesaba desde Núñez, quien solicitaba la regeneración o la catástrofe de la nación. Sin embargo, el programa independiente fue ampliado en 1880, cuando Rafael Núñez sucedió a Trujillo en la presidencia de la Unión. Éste llego a la presidencia con el apoyo de los independientes y un sector conservador, lo cual alejaría cada vez más a los independientes del radicalismo liberal. Las propuestas de Núñez estuvieron marcadas por imponer un proteccionismo aduanero y por la creación del banco nacional, medida mal vista a los ojos del radicalismo, que la acusaban de generar monopolios en la economía de la nación.

Casi todas las políticas implementadas por Núñez fueron causantes de la crítica radical, la cual encontraba innecesaria la expansión de la fuerza armada y burocrática. Lo acusaban de nombrar familiares y amigos políticos. Otras acusaciones se dirigieron contra su origen costeño indicando que Núñez cuando “llegó a esta capital (Bogotá)…, [estaba] custodiado por muchos individuos (langosta costeña) tan feos, tan negros y repugnantes que hicieron dudar a muchos, si pertenecían al género o pertenecían a los orangutanes» (Delpar, 1994, p. 277).

Las críticas contra Núñez provenían de las diferentes alas del liberalismo. Ahora no solo tenía en su contra a los radicales quienes nunca confiaron en él, sino los independientes quienes veían su gobierno tan cercano a los conservadores como una amenaza y la posibilidad de que el partido perdiera el poder.

Los liberales estaban empezando a comprender que Núñez ya no era ese hombre –librepensador- que había apoyado a Mosquera en la medida de “desamortización de bienes a manos muertas” en contra de la iglesia católica, sino ahora actuaba impulsando perdón para el clero por la guerra de 1876-1877, al igual que Julián Trujillo, quien lo había antecedido en el poder y había ablandado la palestra para que Núñez iniciase su dominio en pro del conservadurismo colombiano.

Para el 20 de julio de 1880 la desintegración del movimiento independiente se encuentra cuando dos de los principales jefes, Santos Acosta y Eustargio Salgar, se dividen y se unen al ala radical al juntarse con Santiago Pérez y Aquileo Parra, formando un comité para dirigir las actividades del liberalismo. La búsqueda de unir de nuevo el liberalismo estaba siendo abogada por, los principales representantes ex independientes, Trujillo y Salvador Camacho Roldan que “advertían sobre los peligros inherentes al apoyo conservador a una de las facciones liberales (independiente) y subrayaban que las razones originales para la división del partido habían desaparecido” (Delpar, 1994, p. 280).

Sin embargo, los independientes sobrantes, para inicios de 1884; restaba de individuos que giraban alrededor de la figura de Rafael Núñez. Pero esto, no evitó que los radicales fueran perdiendo el control de los distintos Estados, quedando solo con el control sobre Tolima y Antioquia. La maquinaria electoral manejada por los sapos se fue perdiendo y la nueva maquinaria imperante era de los independientes, la cual no parecía fácil de desarmar.

Otra agravante que sufría el liberalismo-radical fue la muerte de su principal paladín, Manuel Murillo Toro, causando la formación del comité central del liberalismo. Este nuevo comité sería apoyado por gran parte de los liberales de diferentes Estados que componían la Unión, el nuevo respaldo serviría para brindar mayores posibilidades de recuperar el control de la presidencia con su candidato para las elecciones de 1881, quien era Francisco Javier Zaldúa, un estadista y maestro en derecho.

Aunque Zaldúa en un principio había sido postulado a la presidencia contra su voluntad por Rafael Núñez, termino aceptando, ya que era consciente del miedo que reinaba si los conservadores asumieran de nuevo el poder. Pero su vicepresidente impuesto por Núñez, Eusebio Otalora, un político del partido independiente y abogado de la universidad del Rosario, no era del agrado de los radicales quienes desconfiaban sobre la lealtad que tendría Otálora al partido.

Los eventos de 1881 fueron poco demarcados en la historia del país; sin embargo, traerían cambios inesperados para el partido liberal. Las elecciones presidenciales se originaron como de costumbre cada dos años y dieron como resultado que Zaldúa asumiera la presidencia de la Unión. Las reformas emprendidas por éste fueron fieles a los ideales del radicalismo. No obstante, su pronta muerte causo el inicio del miedo radical, ya que la presidencia a manos de Otalora y la maquinaria política en la de los independientes resultaba casi inevitable que Núñez no llegara de nuevo a la presidencia en las próximas elecciones y consigo la oportunidad de los conservadores.

Núñez para el 7 de marzo de 1882, en un periódico nacional dijo “el antiguo partido conservador es un elemento respetable pero pasivo, pues solo aspira a no ser tratado como trataba Mouravieff a los polacos”. No obstante, con esto “busca el reformador y moralista adormecer el liberalismo en la creencia de que los conservadores cristianos, inofensivos y conformes, aspiran únicamente a ser tratados como vecinos pobres pero honrados” (Giraldo, 1973, p. 175).

La búsqueda del apoyo conservador para las próximas elecciones ya estaba en vigencia, Núñez no dudó en hacer constantes llamados para la nueva unión entre conservadores y la restante línea de independientes que abogaban por la nueva puesta en la presidencia de Rafael Núñez.

Las maniobras de Núñez desde Cartagena ya habían iniciado: empezó a atacar a los radicales desde los periódicos acusándolos de ser los causantes de la crisis económica que atravesaba el país e inicia la lucha contra la Constitución de Rionegro y la preparación de la formación del “Partido Nacional” compuesto en su mayoría por conservadores y restantes participantes del liberalismo independiente. El nuevo concepto próximo a aparecer en el escenario de la política colombiana, se comprendió como el mutismo del Nuñismo a partidarios de la unión nacional. El nombre cambio rápidamente sin embargo, los que componían el partido seguían siendo los mismos.

A pesar de todo, las elecciones presidenciales de 1884 no dudaron en llegar, los radicales aun sabiendo que la maquinaria política estaba asegurada por Núñez desde su presidencia en 1881 y pulida por Otalora, hicieron su apuesta por el general Solón Wilches. Las elecciones se llevaron a cabo arrojando los resultados triunfantes para Núñez con el apoyo de los Estados de Panamá, Cauca, Tolima, Cundinamarca y Bolívar, mientras Wilches obtuvo votos de Santander, Boyacá y Magdalena.

El fin del radicalismo en el poder ya entraba en vigencia, ahora resultaría imposible evitar que llegara el nuevo comienzo de los conservadores que por tantos años habían estado abonando terreno para llegar al poder, cuya maniobra había sido preparada por Carlos Holguín desde ya hace algunos años, cuando comprendió que directamente no podían ganar, la única esperanza para los radicales era de nuevo la guerra, guerra que no tardaría en empezar.        

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 De guerra en guerra

El regreso de Núñez a la presidencia no era un hecho para aplaudir por parte del partido radical, ya que el empoderamiento de éste había sido posible por la ayuda conservadora. No obstante, Núñez había llegado al poder tratando consigo de amortiguar el desgaste que los radicales habían dejado en el gobierno, trato de hacer las paces con estos buscando proponer su retiro inmediato del mandato presidencial a cambio de que le permitieran

La reforma de la Constitución en los siguientes puntos (Aguirre, 1960, p. 231):

1. Centralización de la legislación civil, penal y de los procedimientos.
2. Centralización de la legislación electoral.
3. Relaciones con la Santa Sede.
4. Aumento a cuatro años del período presidencial.

Este acto de buena fe no convenció al radicalismo, quienes ya hace tiempo habían dejado de confiar en un personaje tan cambiante, según la oportunidad, como Núñez. La respuesta del señor presidente de la unión no dudo en aparecer, nombro a dos conservadores que habían estado esperando el turno desde la primera presidencia de Núñez; Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro, el primero se fue del país en misión diplomática y el segundo asumió el cargo de Director de la Biblioteca Nacional.

Los nombramientos dieron mayor impulso a los odios en contra de Núñez y lo acusaron de traidor del partido. El acercamiento de Núñez a Caro representaba para el país un cambio que no dudaría poco, porque para el presidente de la unión se había vuelto necesario e inmediato una reforma moral ya que:

La inmoralidad radical” había contaminado la nación. Para el primer mandatario solo aparecía ante él, la única persona que podría llevar a cabo tal reforma y lo confirmó indicando “todas las transformaciones tienen precursores. De la que se ha realizado en Colombia en los últimos años ha sido [gracias al] señor Miguel Antonio Caro.

(Aguirre, 1960, p. 239)

Los radicales no aguantando más el odio y estaban preparando la guerra. Sin saberlo, la oportunidad de Núñez de tomar el poder y reformar la Constitución directamente. Los errores no tardaron en llegar para la mala suerte de los radicales, el presidente de la unión estaba a la espera de los movimientos equivocados de sus enemigos. En el Estado de Santander por un fallo político a consecuencia de fraude electoral, se dio inicio a una disputa entre dos fracciones que apoyaban a dos candidatos distintos.

Con ello, desde el gobierno de la unión se puso en marcha “la ley de orden público” ¹. Allí se nombraba a los mediadores: Felipe Zapata perteneciente al partido radical, Gonzales Lineras partícipe del partido independiente. Estos irían primero mientras llegaba el acompañamiento militar para restablecer el orden a cargo de un batallón de la Guardia Colombiana con el general Gonzáles Osma.         

Al encontrarse enterados los bandos de la contienda sobre la posible invasión al Estado de Santander, inclinaron sus esfuerzos por un acuerdo rápido antes de que llegaran las tropas del general Gonzáles Osma. Acordaron entre los bandos nombrar a Gonzales Lineros como presidente provisional del Estado mientras se solucionaba la disputa en una convención nombrada por el mismo Estado, así quedó escudado el Estado de Santander ante la posible invasión del gobierno central.

La convención de Santander se nombró con poder de designar a quien quisiere como presidente, esto fue mal visto por el gobierno de la unión. La convención eligió de dignatarios para el Estado a Sergio Camargo como presidente y Daniel Hernández, Fortunato Bernal y Guillermo León como designados ². La primera orden que se dio desde este nuevo gobierno fue la invasión del Estado de Boyacá debido a un cargamento de armas que se encontraban en Tunja; Sin embargo, este cargamento fue devuelto a Bogotá al enterarse el General Sarmiento de los planes de los rebeldes radicales de Santander.

A pesar de todo lo ocurrido en Boyacá, la rebelión se extendió por el Tolima, Antioquia y Panamá, la costa caribe también se encontraba en constante peligro, puesto que los ataques que venían desde Honda habían llegado a la costa Atlántica y consigo se habían tomado Barranquilla. La posibilidad de la victoria para los radicales era cada vez más cercana. La toma de Barranquilla había dejado sin acceso al fisco y las aduanas provenientes de este sector del país. Otro gran problema que enfrentaba el gobierno central fue la traición de sectores de la guardia colombiana que no dudo en unirse a la rebelión quedando el ejército con unos 700 hombres.

El desorden al que estaba sometido el país para finales de 1884 e inicios de 1885. Hacia inevitable no romper las normas a las que se encontraba sometido el gobierno de Núñez, que prohibía el reclutamiento para su propia defensa; hasta cierto punto fue una solución que dio una corta ventaja al gobierno central, pero posibilito el derrame de sangre de forma más rápida debido a la falta de experiencia de los nuevos reclutas.                  

Las posibilidades se fueron volviendo cada vez más escasas para el gobierno central, el cual volvió sus ojos a las tropas conservadoras que se encontraban organizadas, pero sin armas. El presidente de la unión a través de un acuerdo con el General Leonardo Canal, dio vía libre a formar un:

Ejército de reserva compuesto en su totalidad de voluntarios conservadores y cuando éste ascendió a 3,675 hombres, dictó el Decreto 26 de 1885, que incorporó estas fuerzas al Ejército Nacional para el efecto de entregarles las armas. Poco después de la citada providencia, este ejército de voluntarios recibió de los parques nacionales las armas necesarias; y así debidamente equipado se presentó a entrar en campaña.

(Aguirre, 1960, p. 256)

Este ejército se destinó a la pacificación del todo el país. Por otra parte, Núñez aprovecho la nueva ventaja que empezó a tener en la contienda y formo con pocos liberales independientes y con una gran mayoría conservadora: el llamado Partido Nacional, pero su suerte cambio al caer enfermo en peligro de muerte.

El curso de la guerra seguía con la diferencia que el avance radical se había logrado detener y ahora el “ejército de reserva” estaba obteniendo victorias en Tolima, Antioquia, Cauca y Santander; ahora estaban las fuerzas radicales reducidas a la costa atlántica, estas al ser constantemente hostigadas y emboscadas decidieron huir por el río Magdalena en dirección a Santander donde podía reagruparse, pero fueron abatidas en la Batalla de Humareda ³.

La guerra aún sin terminar y bajo la victoria ya inminente del gobierno central, reunió a una muchedumbre frente al Palacio donde Núñez no dudo en decir “la Constitución de Rionegro ya no existe” (Discurso de Núñez, 1885). Algunas fuentes históricas anuncian que dijo “la Constitución de Rionegro ha dejado de existir”. Sin embargo, al revisar el discurso de Núñez, éste revelo el hecho una forma discursivamente distinta.

La guerra siguió dejando sus últimos muertos en el campo y tras unas batallas perdidas por la rebelión la guerra fue ganada por el gobierno de la unión que inmediatamente dirigió su ejército a la capital de la república donde se reagrupo, El ejército permanente de la unión, comandado por el General liberal, Fernando Ponce; el de Cauca, comandado por el General Ulloa, igualmente liberal; el llamado de Reserva, comandado por el militar conservador Leonardo Canal; y el del Atlántico, cuya dirección había sido encomendada al General liberal Santodomingo Villa. (Aguirre, 1960, p. 262).

Por otra parte Núñez convoca un consejo nacional para reunirse el 11 de noviembre donde cada Estado nombraría dos delegados principales y tres suplentes. Llegada la fecha de la reunión “Núñez dice: el curso de los acontecimientos ha destruido el régimen constitucional en que hemos agonizado, más que vivido, durante un cuarto de siglo” (Posada, 1989, p. 159). Al pasar de los días se habían presentado propuestas, pero ninguna es considerada acorde al concepto político que se busca, solo Miguel Antonio Caro por instrucción de Núñez formula un proyecto para reformar la Constitución de 1863.

Para el 10 de abril de 1886 Núñez se había ausentado de su cargo presidencial quedando al mando el designado José María Campo Serrano, quien recibió la nueva Constitución con 201 artículos el 5 de agosto de 1886. Para la fecha del recibimiento  de la nueva Constitución ya estaba pronto a terminarse el período presidencial de Núñez, por esto el consejo decidió nombrarlo provisionalmente presidente iniciando su nuevo mandato por seis años como indicaba la nueva Constitución y bajo:

Nuevas características: [se elegía como nombre] República de Colombia al país, organizaba una administración centralista, fortalecía notoriamente al ejecutivo, disponía un período presidencial de seis años, reconocía a la iglesia católica todos sus derechos, prohibía el libre comercio de armas y municiones, terminaba con la ilimitada libertad de prensa, abolía la pena de muerte por delitos políticos, acordaba un trámite claro para la reforma constitucional.

(Posada, 1989, p. 160)

Con estas nuevas condiciones acababa la maquinaria política mantenida por el sapismo en apoyo al gobierno radical.    La estadía presidencial para Núñez en este nuevo período se postergo ya que primero se ocupó del ejecutivo Campos Serrano quien estuvo a cargo desde el 10 de abril de 1886 hasta el 6 de enero de 1887, siendo precedido por Eliseo Payán hasta el 4 de junio del mismo año. No obstante, Núñez accedió al poder solo desde el 4 de junio hasta el 13 de diciembre de 1887. Después de su corta estadía en la presidencia volvió a la costa.

En el nuevo período que asumía el vicepresidente Payan, promulgó un decreto que liberaba a la prensa de todas las restricciones excepto las que se encontraban en el artículo 42 de la Constitución, el cual dictaba: la prensa es libre en tiempos de paz; pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.Las amistades que aún preservaba el vicepresidente por su ex partido (radical), llevó a que el 1 de enero de 1888 otorgará amnistía a todas las personas que se encontraban en exilio.

El partido liberal- radical, en reconocimiento envió sus más nobles deseos de agradecimiento (La Prensa, 1888). Este hecho disgusto a Núñez quien volvió inmediatamente a Bogotá destituyendo al vicepresidente y retomando el poder. No obstante, los planes del regenerador de quedarse en la capital no estaban en sus intenciones, pocos meses después volvió a irse para Cartagena quedando encargado Carlos Holguín.

El ideólogo del partido conservador lejos de pensar en mantener el poder en el partido nacional, empezó a mover las fichas que perfilarían el final del Partido Nacional. La prensa liberal que había tenido acceso a menos restricciones celebraba el posible final de los nacionales y agregaban que:

Un partido es el conjunto o agregado de varios individuos ligados entre sí por la profesión de unos mismos principios en materia de organización política y administración del Estado. Ese conjunto o agregado se forma por una especie de cristalización, a la que sirve de núcleo las doctrinas, estas se hallan muy bien demarcadas en el mundo político, sistematizadas en dos grandes grupos; de allí la división que existe en todos los países civilizados entre liberales y conservadores.           

(Delpar, 1994, p. 317)   

Es posible indicar que el ideal político del momento nunca vio cercano y mucho menos con buenos ojos el hecho de eliminar la división que, para la tradición política era evidente. El país se enfrentó de nuevo con un ambiente en el escenario político hostil y la división entre un claro y oscuro cada vez se volvía más evidente.

La situación política agravada con la toma del poder de Carlos Holguín quien empezó a asignar en puestos especiales a conservadores, mientras los restantes independientes del partido nacional cada vez perdían más fuerza en el escenario político. La contraofensiva liberal no podía encargarse de atacar al régimen conservador que estaba iniciando. Sin embargo las nuevas iniciativa estaban enfocadas en integrar el partido liberal, pero

Cuando un pequeño grupo de jefes liberales menos de diez, según Parra se reunieron en Bogotá en 1887 y convinieron trabajar en la reconstrucción del partido, el gobierno utilizó el mitin como pretexto para exiliar a Parra, Daniel Aldana, Carlos Martín y otros. 

(El Espectador , 1888)

La persecución estaba empezando, las manifestaciones no dudaron en hacerse oír, el miedo invadió cada lugar del territorio nacional. Esto hizo cada vez más evidente que el expresar las ideas se estaba convirtiendo en un delito indirecto, las persecuciones no cesaron contra, profesores, estudiantes y universidades enteras al no integrarse a las nuevas normas educativas; ahora impartidas por los jesuitas tras su retorno, gracias al concordato de 1887. Las Causas de las reformas hechas por la iglesia llevarían  al cierre de instituciones privadas como la Universidad Externado de Colombia ⁴ . Esta vista como uno de los últimos bastiones donde se escondían los pensamientos del liberalismo radical.

El papel de Núñez aún esencial en el escenario político del país,  se distinguía por ser visto ante la sociedad como proveedor de la “paz nacional”, aunque para todos no era igual. No obstante, las personas frente a las elecciones de 1892 entre Rafael Núñez como candidato del Partido Nacional y Marcelino Vélez del Partido Conservador, quedo encausada a votar en una sola dirección política es decir; sin una elección abierta. Debido a que el Partido Liberal aún a cargo de los radicales se encontraba vetado de poderse presentar, porque sus jefes habían sido perseguidos o exiliados del país.

El argumento del que se alardeaba en aquella época se centraba en la paz de la nación y el buen manejo de la educación – por parte de la regeneración – “al alejar a los jóvenes del fango del materialismo”. Sin embargo, la sociedad hizo oídos sordos a la guerra indirecta que se había llevado contra la persecución y casi exterminio del radicalismo como ideal político.

La respuesta del radicalismo a la represión no dudo en aparecer, en la rebelión de 1895, tras la muerte del regenerador en 1894 y el completo dominio político de Miguel Antonio Caro quien había sido el vicepresidente elegido por Núñez para su período presidencial de 1892-1898.

La rebelión aunque no obtuvo la victoria, trajo consigo poder expresar ante el público general los atropellos que había y continuaban sufriendo los liberales en Colombia. Estos abogaban por el “sagrado derecho de insurrección” (Giraldo, 1973, p. 240). Esto permitió que la debilidad del gobierno de Caro no arremetiera directamente contra los jefes del liberalismo; no obstante los atropellos que siguió cometiendo el gobierno nacional causaría el inicio de la guerra en 1899, la guerra de los mil días.

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Referencias

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• Altamirano, C. y Myers, J. (Eds.). (2008). Historia de los intelectuales en América Latina (Vol. 2052). Argentina: Katz Editores.
• Bar-Tal, D. (1993). La monopolización del patriotismo. Psicología Política, 41-68.
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• Bernal, A. B. (2011). Saberes y poderes. Los grupos intelectuales en Colombia. Pensamiento Jurídico, 161-216.
• Bourdieu, P. (1987). Cosas Dichas. España: Gedisa.
• Castells, M. (2001). La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen II. México: Siglo XXI.
• Delpar, H. (1994). ROJOS CONTRA AZULES. Colombia: Procultura S.A.
• Diario Oficial, Bogotá, Julio de 1873.
• El Espectador, Bogotá, Enero de 1888.
• El gladiador, Bogotá, Octubre y Diciembre de 1883.
• El Neogranadino, Bogotá, Marzo de 1851
• Elías, C. (2008). La razón es triangulada. Colombia: Debate.
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• Farrel, R. (1997). Una época de polémicas: críticos y defensores de la educación católica durante la Regeneración. Revista Colombiana de Educación.
• Gaceta de Bolívar, Cartagena, Abril de 1872.
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• Jaramillo Uribe, J. (2016). La propuesta conservadora frente al proyecto educativo del liberalismo radical: la defensa de una educación católica a través de la prensa y las asociaciones. Revista Historia y Sociedad, 291-319.
• Jaramillo Uribe, J. (2017). Decreto órgano de instrucción pública nov. /1870. Revista colombiana de educación.
• Jaramillo, J. (1984). El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea. Manual de historia de Colombia, 3, 249-337.
• La estrella del Tolima, Neiva, Agosto a Diciembre de 1882.
• La estrella del Tolima, Neiva, Enero a Septiembre de 1883.
• La estrella del Tolima, Neiva, Mayo a Noviembre de 1884.

1. La ley de orden público había sido expedida por Núñez en su primera administración.
2. El designado era la persona que quedaba encargado según su orden, del gobierno en caso de muerte del primer mandatario sin necesidad de nuevas votaciones.
3. En esta batalla murieron los más representativos jefes de la rebelión, como: Daniel Hernández, Fortunato Bernal, Guillermo León, entre otros. Mayor información ver “Melo, J. O. y Llano, A. V. (1989). Reportaje de la historia de Colombia. (Vol. 2). Planeta. p.125-128.
4. El cierre de la Universidad Externado fue el tiempo después de que el concordato entrara en función, en 1895.